Harvey Colchado propone penalizar la posesión de mensajes extorsivos

El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, anunció dos proyectos de ley orientados a fortalecer las herramientas de la Policía Nacional frente a la extorsión y las organizaciones criminales.

La primera iniciativa plantea considerar como delito la posesión de mensajes, imágenes u otras comunicaciones de contenido extorsivo. Según explicó Colchado, la medida permitiría actuar penalmente cuando este tipo de material sea encontrado en el teléfono de una persona intervenida.

Buscan actuar sin esperar una denuncia

De acuerdo con la propuesta, si durante una intervención policial se encuentra en el celular de un presunto delincuente un mensaje extorsivo, este elemento podría ser utilizado para iniciar acciones penales.

Colchado sostuvo que, de aprobarse el proyecto, una víctima de extorsión no tendría que presentar necesariamente una denuncia para que las autoridades puedan comenzar a actuar. El hallazgo de comunicaciones extorsivas en poder del intervenido podría constituir un elemento suficiente para iniciar el proceso correspondiente.

La propuesta apunta especialmente a los casos en los que las víctimas evitan acudir a las autoridades por temor a represalias de las organizaciones criminales.

Plantean ampliar las intervenciones de comunicaciones

El segundo proyecto anunciado por Colchado busca modificar el plazo permitido para las intervenciones legales de comunicaciones durante investigaciones contra organizaciones criminales.

Actualmente, según explicó el parlamentario, las intervenciones tienen un periodo inicial de dos meses y pueden ser ampliadas una sola vez por otros 60 días. Para Colchado, este tiempo puede resultar insuficiente cuando se investigan estructuras criminales complejas.

El legislador plantea que la intervención pueda mantenerse durante el periodo que dure la investigación criminal, bajo los controles y autorizaciones establecidos por la legislación.

“Ese teléfono del extorsionador ya no lo vamos a tener solo cuatro meses, sino el plazo que dure la investigación criminal”, señaló Colchado.

Según indicó, una investigación contra una organización criminal puede extenderse aproximadamente ocho meses, por lo que considera necesario adecuar los plazos de las intervenciones a la duración de este tipo de procesos.

Las propuestas pasarán por comisiones del Congreso

Colchado adelantó que ambas iniciativas serán presentadas para su evaluación en las comisiones de Defensa y Orden Interno y de Justicia.

Luego del debate y análisis correspondiente, los proyectos deberán seguir el procedimiento legislativo antes de llegar a la Cámara de Diputados para su eventual discusión.

Las propuestas buscan ampliar las herramientas disponibles para investigar la extorsión y obtener evidencia relacionada con las actividades de las organizaciones criminales.